Este jueves en horas de la mañana los locatarios que tienen sus negocios ubicados en la llamada franja turística de Puerto Ordaz fueron sorprendidos por equipos pesados enviados por la CVG para desalojarlos a la fuerza y es que al parecer existe una guerra entre la CVG y la alcaldía del municipio Caroní, eso a pesar de que ambos entes son dirigidos por funcionarios, designados y funcionarios electos por el pueblo que está convencido que el proceso es lo mejor.
Los locatarios expresaron su molestia por lo que califican como un atropello del presidente de CVG, Mayor General Justo Noguera Pietri en contra de ellos como pequeños comerciantes que tienen tiempo cumpliendo con los requerimientos establecidos en la ordenanza municipal de tierras.
Yiovanni Martínez, concejal y secretario de la comisión de urbanismo de la alcaldía junto a la directora de Economía Informal Anakari Rojas, acompañaron a los usuarios para hacerle frente a las máquinas y a los atropellos de la CVG.
Y es que esta guerra no es nueva. Desde que la cámara municipal aprobó con base a la Constitución de la república bolivariana de Venezuela la figura de ejidos para el municipio Caroní que era el único en todo el país que no tenía ejidos, se han desatado los demonios, al punto de que el permiso solicitado por el alcalde José Ramón López, por razones de salud, quiso ser utilizado para darle un golpe de estado al representante municipal de la ciudad lo que ha obligado a la dirigencia municipal del Psuv a enfrentarse a la dirigencia regional del psuv y al ala militar del gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo a la denuncia de los locatarios y de los funcionarios de la alcaldía, tienen locales secuestrados, demolieron bienhechurías y atropellaron a ciudadanos a cuenta de que son gobierno y de la CVG, cuando sólo la alcaldía tiene potestad para desalojar a un locatario, luego que éste ha dejado de cumplir con los requisitos de ley.
Yovanny Martínez, concejal y secretario de la comisión de urbanismo del concejo municipal de Caroní, comenta que “estamos haciéndole frente a la decisión arbitraria de la CVG de demoler las construcciones o locales dispuestos en este espacio, desde la Cámara Municipal, le hacemos un llamado a Justo Noguera y a su comitiva para dialogar con sobre el tema de los ejidos, ya que la Constitución es clara, donde se establece que los ejidos los manejan las Cámaras Municipales”.
“Tenemos que sentarnos a dialogar por el bien de los padres y madres que hacen vida en este lugar; tenemos conocimiento de que se presentó una comitiva de la gerencia de bienes e inmuebles de la CVG, dando órdenes de desalojo y demolición, facultad que solo tiene la alcaldía desde el área de regulación y urbanismo, esto no es competencia de la CVG”, dijo el concejal.
Por su parte Anakaly Rojas, directora de economía informal de Alsobocaroní acotó que “estos casos no son de ocupación ilegal, porque se ha tratado de hacer ver que estas personas están aquí de manera ilegal… desde los años 90 cuando se realizó el primer desalojo de vendedores de la economía informal que se hizo en Alta Vista, cuando existía el boulevard de comida rápida al final de la avenida Las Américas, fueron estos espacios los destinados para la reubicación, posteriormente en el 2009 debido al crecimiento excesivo de la economía informal, necesitábamos dar una respuesta porque se iba a desarrollar el proyecto Costa del Sol, teníamos que desalojar a los trailers que hacían vida allí…”
“Nos dirigimos como alcaldía a la CVG porque me pasan la carta para la recuperación de los espacios y necesitábamos dar respuesta, en aquel momento el gerente de bienes inmuebles de la CVG era Giovanny García y fue la persona que me manifestó que este era el espacio físico más viable para poder hacer las reubicaciones y se comenzó a hacer todo el trámite administrativo y se desempolva el proyecto que había nacido en los 90 y logramos cumplir con los requisitos de ley para poder instaurar, debido a la ubicación de la franja, un proyecto turístico que fuese acorde con el desarrollo de la ciudad”.
“Cumplimos todos los pasos pero nos frenaba la tierra, ejecutar el proyecto significaba tener la titularidad de la tierra, se agotaron todas las reuniones y mesas técnicas… luego se nos presentaron otra serie de requisitos por parte de la CVG, los hicieron organizarse en forma de asociación y se cumplió pero el freno siempre fue la tierra, una vez que nace esta propuesta de los ejidos, quedamos desligados de la CVG y el único órgano encargado de estos espacios es la alcaldía”, explicó la señora.
La sorpresa de estos funcionarios es que no hayan sido tomados en cuenta para “hacer y deshacer” en estos terrenos, “el único órgano que tiene potestad previo a un proceso de notificación de demolición con los dueños o personas que se encuentren en el lugar es la alcaldía… quien va a responder por el patrimonio de las personas a las que les demolieron la infraestructura o cómo van a secuestrar un local comercial, que es propiedad privada, sin una notificación judicial, cuál es la ilegalidad que se encontró allí para hacer este tipo de desalojos”.
Culminó diciendo que “vamos tomar todas las acciones que sean necesarias, acciones enmarcadas en la ley, para poder dar respuesta oportuna a estos cosas, no vamos a poner un pie atrás”.
María Alejandra Matos Veliz
Fotos Jonathan Finol
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