Han transcurrido 20 días del cierre indefinido de la frontera luego de que una comisión militar fue atacada a tiros por presuntos irregulares cuando hacía labores de inteligencia en San Antonio del Táchira para ubicar a contrabandistas y paramilitares.
Eso condujo a que el presidente Nicolás Maduro decretara estado de excepción por 60 días en los municipios Bolívar, Ureña, Capacho Viejo, Capacho Nuevo, Junín y Urdaneta. Después fueron incorporados los municipios García de Hevia, Panamericano, Ayacucho y Lobatera, todos con el alegato de la inseguridad generada por paramilitares y el contrabando.
Se estableció un lapso de 60 días, prorrogables por el mismo tiempo, para la ejecución de la medida. Pero en esas localidades temen que el cierre de la frontera se prolongue hasta el año próximo, de acuerdo con el resultado de reuniones con la autoridad militar única para la Zona de Seguridad N° 1, general Carlos Martínez, en las que también han participado los sectores comercial e industrial.
“De entrada nos dijo que estuviéramos preparados hasta enero en esta situación y que nos hiciéramos a la idea del cierre de frontera hasta ese mes, por el momento”, dijo el concejal Nacho Hernández, del municipio Pedro María Ureña.
Indicó que 60% del parque industrial en la zona fronteriza es de extranjeros. Añadió que antes “de esta situación”, que incluye el cierre parcial nocturno de la frontera implementado en 2014, había preocupación porque no se conseguía un galpón para guardar maquinaria pero ahora más bien sobran.
José Rozo, ex presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, expresó: “Las cuentas que han dejado entrever es que esto va por 120 días. Un censo que se inició el 31 de agosto arrojará información que les permitirá planificar lo que será la nueva actividad comercial y social en la frontera. ‘Esto va para largo’, como dice la gente”. Añadió que existe incertidumbre por cómo será la frontera “por la inseguridad jurídica que ha producido el impacto del operativo implementado en la zona”.
El concejal Francisco Rincón, de Junín, manifestó que esa localidad no se caracteriza por tener abundante comercio pero que buena parte de ese sector optó por colocar carteles con el mensaje “vacaciones colectivas” porque no tiene qué vender. “Los empleados han estado en sus casas tratando de sobrevivir con lo poco que pudieron hacer entes del cierre”.
Rozo, miembro de Fedecámaras-Táchira, añadió que las ventas están por el suelo porque colombianos no acuden a comprar y venezolanos de otros estados, que viajaban a San Antonio y a Ureña con el fin de adquirir mercancía –especialmente calzado y ropa para la reventa– tampoco van. Calculan las pérdidas, pero existe reserva entre comerciantes y organismos fiscales. Fuentes vinculadas con el Seniat dijeron que los comparativos se observarán en las declaraciones de impuestos del 15 de septiembre.
Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras-Táchira, ha solicitado la habilitación de un corredor empresarial para que las cargas y unidades que quedaron en Colombia puedan ingresar a Venezuela. Indicó que hay materia prima y mercancías que fueron pagadas y requieren nacionalizarse.
Aseguran que los despachos de alimentos no son suficientes. Las personas llegan temprano a los establecimientos para ver qué pueden comprar según el terminal de la cédula.
En La Invasión. Desde el jueves de la semana pasada están suspendidas las deportaciones, que hasta ahora son más de 1.408, según la información que dio ayer por la canciller colombiana María Ángela Holguín en un entrevista al diario El Tiempo.
En el sector La Invasión, donde hay 5 barriadas cunde la incertidumbre. Casas de colombianos y venezolanos que siguen en pie están marcadas con la letra “D” (que significa “demoler”) y varias muestran pintas de la pasada campaña presidencial a favor del Nicolás Maduro.
“Es inaudito que (el gobernador José Gregorio) Vielma Mora desconozca su propia actividad allí y acuse de paramilitares a la gente y justifique una deportación forzosa, lo que constituye delito de lesa humanidad”, dijo Walter Márquez, diputado suplente a la Asamblea Nacional que prepara una denuncia contra el gobierno ante la Corte Penal Internacional.
A Táchira solo por La Fría
Elda Torres vivió hasta hace dos meses en Caracas, donde renunció a su trabajo con el fin de radicarse en República Dominicana. Viajó a San Cristóbal y compró pasaje para salir por Cúcuta, pero ocurrió el cierre de frontera. “Durante tres días seguidos fui a San Antonio para intentar pasar la frontera, esperé dos días y no pude pasar. Me fui con antelación para esperar en Cúcuta el día del vuelo, pero nada. Opté por pagar la multa y cambiar el vuelo para dentro de un mes y espero pasar”.
A las complicaciones de movilización que ha generado el cierre de los puentes se suma el traslado, a partir de hoy, de las operaciones del aeropuerto de Santo Domingo -cuya pista entrará nuevamente en reparación- al terminal de La Fría, a 40 kilómetros de San Cristóbal. Se habilitarán unidades de TransTáchira para llevar a los viajeros desde el Sambil hasta el terminal. El pasaje costará 150 bolívares. Las autoridades no han informado cuanto durará el cierre del aeropuerto. (La Nación)
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