El Ministerio Público investiga a
los representantes de varias sociedades civiles que bajo la promesa de tramitar
créditos personales y la adquisición de vehículos de diferentes marcas,
presuntamente han estafado a unas 25 mil personas en todo el territorio
nacional.
La información la ofreció el
despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz, en un comunicado, en el cual anunció
que la fiscal Raiza Sifontes conduce las averiguaciones, en el marcode las
cuales las autoridades han allanado las sedes del Frente Nacional Social
Bicentenario 200, Inversora Bicentenario 200, e Inversora Yare 200, ubicadas en
Caracas, y en los estados Miranda, Falcón y Zulia, al igual que en las
residencias de sus directivos, con el fin de recabar elementos de interés
criminalístico.
Tales procedimientos judiciales
se realizaron conjuntamente con funcionarios de la División Nacional contra la
Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, en virtud de las denuncias presentadas por un grupo de personas
que manifestó sentirse estafadas pues realizaron cuantiosos depósitos a los
directivos de tales empresas y no les han entregado vehículo alguno ni el
crédito requerido.
La investigación del Ministerio
Público abarca a las sociedades mercantiles Frente Revolucionario Social
Nacional Rafael Urdaneta, Frente Socialista Sol de Apure 54, Frente Nacional
Social Bicentenario 200 y a las compañías anónimas Inversora Bicentenario 200 e
Inversora Yare 200, conformadas en su mayoría por directivos que están vinculados
entre sí.
Este proceso se produce pese a
que en 2011 el Ministerio Público inició uno similar contra las empresas que
operaban bajo la modalidad de ventas programadas de vehículos, en el cual
terminó investigando a más de 100 empresas y deteniendo más de una docena de
personas por supuestamente estafar a más de tres mil compradores.
En 2014, con el intervenido
concesionario La Venezolana, se registró el último caso similar. Esta empresa
ofertaba vehículos fabricados en China y aunque no los tenía en inventario le
cobraba a los interesados en adquirirlos, quienes tras comenzar a cancelar
engrosaban una lista de esperaba. (EU)
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