Fiscalía investiga dos denuncias de abusos en la frontera

El Ministerio Público investiga si la actuación de los militares durante la ola de deportaciones de colombianos sin papeles y durante el estado de excepción declarado en el Táchira ha estado apegada a la legalidad. Así lo aseguró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien informó que su despacho ha recibido dos denuncias de presuntos abusos y llamó a todos quienes tengan conocimiento de algún caso que lo reporten ante su despacho, aún sin tener pruebas.

"Hemos recibido dos denuncias hasta ahora, una de ellas es de la cónsul de Venezuela en el estado Táchira (y) hay otra denuncia que se formuló y se llamó a la persona que la formuló para la que la ampliara y se está investigando", aseveró en su programa "En sintonía con el Ministerio Público", donde también dijo: "Toda situación donde se presuma la violación de los Derechos Humanos (...) se debe denunciar, no se necesitan pruebas, porque la carga de la prueba la tiene el Estado, lo que se requiere es verisimilitud".

Como ya lo hiciera el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, días atrás, Ortega Díaz negó las versiones periodísticas que aseguran que durante las deportaciones familias habrían sido separadas.

"No hay ningún caso. No se ha recibido ninguna denuncia. Personalmente me ocupé de llamar a cada fiscal, a la directora de Familia preguntándole (...) no hay ningún caso de niños que hayan sido separados de sus padres", garantizó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy una visita a la frontera colombo-venezolana para verificar in situ la situación generada tanto por la decisión venezolana de deportar a miles de colombianos sin papeles, así como la de otros miles más de devolverse ante el temor de correr la misma suerte.

Venezuela no ha respondido la solicitud del organismo para poder cruzar la paso limítrofe y no conocer las dos caras de la moneda, por lo que la delegación del organismo que preside el comisionado chileno Felipe González, relator para los migrantes y para Venezuela; y el secretario ejecutivo, Emilio Icaza, deberá quedarse con la versión colombiana. (Con información de El Universal)