La campaña o golpe de Estado
motorizado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra José
Ramón López ha entrado en su segunda fase. Esta tarde la fiscalía.
Ahora resulta que como José Ramón
López interrumpió su reposo y reasumió su
cargo, dentro del partido de gobierno no aceptan la decisión e intentan
por la vía judicial sacar de su cargo a quien fue escogido con votos.
Esta tarde la fiscalía emitió
boleta de captura y funcionarios del Sebin tienen rodeada su casa, mientras que
José Ramón discute la estrategia con sus abogados para irse a tribunales.
La acción impulsada por el vicepresidente
del partido para la región Guayana, Pedro Carreño, trata de copiar el procedimiento
que aplicara Hugo Chávez contra el gobernador de Apure, Jesús Aguilarte.
El detalle
es que Aguilarte no fue destituido, él renunció y el Gobierno Nacional designó
a Ramón Carrizales para el puesto. Luego compitió en unos comicios y ganó.
En Guayana se han perdido las
formas y el fondo. Quienes quieren sacar a José Ramón López actúan como el
adicto en fase de abstinencia, que hay que amarrarlo para que no se haga daño y
le haga daño a los demás.
José Ramón López es una demostración
de astucia política cuando encargó a Eriberto Aguilera, pues le limitó en sus
responsabilidades. No le entregó al alcalde encargado la potestad para
modificar presupuesto, botar directores (nivel 1), y otorgar o quitar
contratos.
Debemos detenernos en este punto
para decir que el inicio de este intento de golpe de Estado contra el alcalde de
Caroní, tienen su origen allí.
Dirigentes nacionales y
regionales del Psuv están detrás del sistema automatizado de recaudación de
tributos municipales.
Para nadie es un secreto que la recaudación
tributaria de Caroní representa en ingresos, al menos, el situado de 6 a 7 estados
pequeños de Venezuela.
Mundo de Sonrisas
El jueves en la noche en la sede
de Mundo de Sonrisas se concretó el golpe de Estado, quien asumiría la tarea
sería Justo Noguera. El viernes en la mañana Justo Noguera Pietri y el equipo
político del gobernador Francisco Rangel Gómez y Pedro Carreño intentaron por la
fuerza tomar la alcaldía, pero José Ramón López y su gente llegaron primero e
impidieron la maniobra.
El sábado José Ramón López hizo
un gabinete móvil y atendió a 400 familias con el apoyo del Ministerio de Alimentación
y el presidente Nicolás Maduro.
En la tarde Eriberto Aguilera,
quien era la mano derecha de José Ramón López, realizaba un operativo de
recolección de desechos sólidos junto al gobernador del estado, en el eje
atlántico.
Eriberto es el secretario
municipal del Psuv en Caroní. Se le consultó vía telefónica si despediría a
Eriberto por la traición y el jefe municipal prefirió no responder alegando que
eso era un problema interno del Psuv.
Mientras tanto en la prensa local
el abogado Francisco Sierra, miembro de la fracción de abogados bolivarianos,
anunciaba el viernes que el juzgado segundo había dictaminado que Eriberto como
alcalde encargado tenía las mismas funciones que José Ramón López, quien había
sido electo. Sierra concluyó que al asumir José Ramón López, eso quedaba sin
efecto.
Mas tarde el abogado y ex síndico
municipal, Lúis Antonio Anaya, explica que “mientras José Ramón López no sea
afectado por una medida, bien sea administrativa de la Contraloría o judicial,
él dispone de su cargo, que además es de elección popular. Mientras sea alcalde
y no sea destituido, revocado su mandato sujeto de una medida de suspensión,
nadie puede quitarle la investidura”.
Acota que la resolución del
nombramiento de Eriberto Aguilera era de carácter temporal y aunque contaba con
un permiso de 90 días, José Ramón López, tenía toda la autoridad para
revocarlo, dejarlo sin efecto y tomar posesión de su cargo nuevamente.
También el doctor Anaya, dijo: “No
me explico bajo que parámetro un tribunal contencioso administrativo puede
anular una decisión que el alcalde tomó este viernes 25 de septiembre. La vía
para impugnar la investidura del alcalde no es la vía del contencioso
administrativo, en todo caso sería lo contenciosos electoral y pueden atacar
los actos del alcalde, pero no su condición, sólo a través de la revocatoria o pérdida
de la investidura, de la comisión de un delito y todo eso lleva un proceso
largo”. (Equipo El Fortín de Guayana/
Foto Carlos Jesús Gómez)
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